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ASUNCIÓN, Paraguay - El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), presentó el informe Estado de la Población Mundial 2019: Un asunto pendiente, con el énfasis en que el año 2019 marca dos hitos importantes en el ámbito de población y desarrollo: se cumplen 50 años desde la puesta en marcha del UNFPA y 25 desde la celebración de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo, que constituye el inicio en la materia pues puso en el centro del desarrollo a las personas y a sus decisiones en materia de salud sexual y reproductiva.

La presentación estuvo a cargo de Rocío Galiano Marés, Representante Nacional del UNFPA, y de Carlos Alberto Pereira Olmedo, Ministro Secretario Ejecutivo de la STP.

Galiano Marés remarcó que, en Paraguay, existe un costo del embarazo adolescente en torno a la atención de parte del Estado en servicios y respuestas; además de un costo de oportunidades perdidas para el crecimiento y el desarrollo, que se traduce en un 12% del PIB, es decir USD 4.812 millones anuales.

Agregó que la planificación familiar es un derecho universal, garantizado por la Constitución Nacional y el Código Sanitario, pero que muchas adolescentes y jóvenes no pueden ejercerlo por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Brindó también cifras en torno a mortalidad materna: se registraron 75 el año pasado, y de ese total, 1 de cada 4 fueron niñas y adolescentes de 10 a 19 años; mientras que 1 de cada 8 fueron indígenas.

“En términos de fecundidad, y como consecuencia de la desigualdad, la tasa específica de fecundidad de Paraguay en adolescentes es de 72 por cada 1.000; cuando el promedio mundial es de 44 por cada 1.000. Si desglosamos, en el quintil más pobre llega a 136 por cada 1.000, en tanto que en el quintil más rico es sólo de 18”, destacó.

Para Pereira, por su parte, es estratégico este momento para abrir un espacio con el fin de actualizar el Plan Nacional de Desarrollo, iniciado en diciembre pasado y con previsión de culminarlo en mayo próximo.

“Desde el Gobierno hacemos un esfuerzo extraordinario para que la STP, vía el Sistema de Planificación por Resultado, se convierta en veedor de que se invierta bien el gasto público; así la ciudadanía pagará con gusto los impuestos para contar con mejores servicios de atención médica y centros de”, destacó.

A pesar de lograrse notables avances en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, cientos de millones de mujeres aún se enfrentan a obstáculos económicos, sociales, institucionales y de otros tipos que les impiden decidir por sí mismas si desean o no quedar embarazadas, cuándo y con qué frecuencia.

Miles de mujeres todavía no acceden a anticonceptivos, lo que limita el ejercicio de sus derechos a decidir sobre el momento de la maternidad. Esta decisión no sólo afecta al momento de tener hijos, sino a su pleno desarrollo en todos los ámbitos de su vida. Una mujer con acceso a salud, en particular a salud sexual y reproductiva, puede ejercer su capacidad de liderazgo en diversos ámbitos. Por ejemplo, una mujer que puede planificar su vida reproductiva contribuye a un desarrollo laboral más eficiente y productivo; asimismo, al ejercer sus derechos reproductivos se ve fortalecida su capacidad de liderazgo dentro de sus comunidades y grupos de base, lo cual aporta efectivamente a un mayor desarrollo de un país. El informe nos relata en las voces de sus propias protagonistas cómo los derechos sexuales y reproductivos van íntimamente vinculados al desarrollo sostenible, al protagonismo político y al crecimiento económico de sus países.

Esta iniciativa ganó un nuevo impulso e inspiración en 1994, cuando 179 Gobiernos, entre ellos Paraguay, se reunieron en El Cairo con motivo de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y forjaron un plan de desarrollo sostenible basado en los derechos y la libertad de decidir individuales y en el logro de la salud sexual y reproductiva para todos.

Ese plan, consagrado en un Programa de Acción, además de revitalizar el movimiento mundial en favor de los derechos reproductivos, también posicionó al UNFPA como custodio del movimiento.

Los Gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales pueden luchar actualmente por el logro de los tres ceros:

- cero necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción,

- cero muertes maternas evitables,

- cero mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia o prácticas nocivas;

Panorama local[1]

En Paraguay, uno de los aspectos pendientes en materia de ejercicio de derechos en salud sexual y reproductiva es el embarazo adolescente: esta realidad nos muestra el rostro de la desigualdad. Las cifras indican que:

  • 1 de cada 20 niñas, de 10 a 14 años, en situación de pobreza tiene hijos.
    • 1 de cada 10 niñas indígenas, de 10 a 14 años, tiene hijos.
    • NI UNA niña, de 10 a 14 años, de nivel socioeconómico alto tiene hijos.
  • Se estima que Paraguay cada año pierde un 12% del PIB a causa de los embarazos adolescentes: es un problema social, sanitario y también económico.
  • 4.812 millones de dólares es la pérdida estimada del PIB, para el año 2018, como consecuencia de los embarazos adolescentes.
  • En cuanto a la necesidad insatisfecha de acceso a anticonceptivos, una de cada 10 mujeres de entre 15 a 49 años no accede a métodos anticonceptivos (12,1%). Entre las adolescentes esta cifra es más alta, pues llega a 13,9% y en las mujeres indígenas casi se duplica 20%. Es relevante comprender que este indicador sólo da cuenta de mujeres casadas o unidas y no de todas las que tienen vida sexual activa.
  • En 2018, según datos preliminares del Ministerio de Salud Pública, se registraron 75 muertes maternas. Una de cada cuatro muertes maternas fueron niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad, cifra que se duplicó con respecto al año 2017. En tanto que 1 de cada 8 muertes maternas corresponde a una mujer indígena. Las tres principales causas son: aborto, toxemia y hemorragias.

Otros recursos

 

[1] Fuentes: Banco Mundial, MICs y datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.