CARTAGENA DE INDIAS, Colombia - El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo contribuye a sentar las bases para el desarrollo sostenible en la región, centrado en las personas, y con igualdad y perspectiva de derechos humanos, género, raza, etnia, discapacidad, intercultural, teniendo en cuenta la condición migratoria, reafirmaron hoy autoridades y delegados de 21 países de América Latina y el Caribe, de agencias de las Naciones Unidas y organismos regionales, multilaterales y de la sociedad civil en la clausura de la Quinta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.

Durante el encuentro, que convocó a más de 570 personas -340 de ellas miembros de organizaciones de la sociedad civil-, los participantes ratificaron que la implementación plena, eficaz, acelerada y con recursos del Consenso de Montevideo contribuirá de manera significativa a la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Luego de dos días de intensos debates realizados en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, los representantes afirmaron la importancia crucial de reforzar la gestión de política pública destinada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos y desarrollo de la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad e hicieron hincapié en que estos temas son consustanciales a la agenda de población y desarrollo.

La ceremonia de clausura, realizada el jueves 4 de julio, estuvo encabezada por Javier Medina Vásquez, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en representación del Secretario Ejecutivo del organismo José Manuel Salazar-Xirinachs; Susana Sottoli, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Constanza Bejarano Ramos, Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, y Adriana Mendoza, Embajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“Con gran satisfacción llegamos a la clausura de esta Reunión. En nombre del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, reitero el más profundo agradecimiento al Gobierno de Colombia por la cálida recepción y acogida que nos ha brindado a lo largo de estos días”, afirmó Javier Medina Vásquez, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL.

Agregó que el desarrollo de la reunión ha dejado valiosísimas reflexiones, en un escenario global y regional que es considerablemente más complejo, incierto y conflictivo que hace tres décadas, caracterizado además por la polarización y la intolerancia.

“En este marco, el Consenso de Montevideo es un instrumento de elaboración de una visión compartida de futuro, que refleja la integralidad planteada por el Programa de Acción de El Cairo en 1994. Es, además, el documento más progresista del mundo”, subrayó Javier Medina.

Por su parte, la Directora Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, Susana Sottoli, señaló que “es de interés para todas las naciones perseguir un desarrollo centrado en la población, porque crea las condiciones para individuos y sociedades saludables y empoderadas. En medio de las recientes crisis complejas y la creciente polarización, unir al mundo en la búsqueda de esta práctica nunca ha sido una prioridad más urgente”, afirmó.

Asimismo, instó a continuar este diálogo para continuar sosteniendo lo avanzado y encontrar soluciones de manera colectiva e impulsar políticas y prácticas inclusivas que permitan enfrentar las desigualdades, acelerar las acciones necesarias para para que nadie se quede atrás, y vivir en un mundo donde todas las personas, las mujeres, las niñas, las adolescentes, sin distinciones, pueden ejercer plenamente sus todos derechos.

La Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería de Colombia, Constanza Bejarano Ramos, en tanto, subrayó que América Latina y el Caribe es una región progresista, innovadora y resiliente.

“Este espíritu de solidaridad es el mismo que impulsan nuestros avances en la implementación del Consenso de Montevideo, no obstante, también hemos sido testigos de los retos que aún enfrentamos y las heterogeneidades intrarregionales en cuanto al grado de implementación del Consenso. Unos retos que no diferencian fronteras y que se convierten en una responsabilidad compartida”, afirmó.

En la resolución aprobada al término de la reunión, los países adherentes resolvieron crear el grupo de amigos de la Presidencia de composición abierta sobre los derechos de las personas con discapacidad y la agenda de población y desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, denominado Grupo de Cartagena. El Grupo de Cartagena tiene el fin de examinar estrategias para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en el marco de la Conferencia, contribuyendo así a la promoción y protección de sus derechos humanos.

La resolución solicita a los países que, en el marco de las presentaciones sobre los avances nacionales respecto de la implementación del Consenso de Montevideo que llevarán a cabo en la Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebrará en 2025, informen sobre sus avances y las acciones de política pública ejecutadas en lo referente a la inclusión de las personas con discapacidad.

También destaca la solidaridad intergeneracional e intercultural promovida en el Consenso de Montevideo y espera con interés la aprobación del Pacto para el Futuro y sus anexos y la Declaración sobre las Generaciones Futuras que se aprobarían en el marco de la Cumbre del Futuro, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre de 2024 en Nueva York.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo quedó a cargo de Colombia, mientras que las Vicepresidencias estarán a cargo de Antigua y Barbuda, Brasil, Cuba, Guyana, Honduras, Perú, República Dominicana, Surinam y República Bolivariana de Venezuela.